La inflación anual publicada por el INDEC ascendió al 47,6% en el 2018. Según el mismo organismo, una familia tipo necesitó en diciembre $25.493,80 para no ser pobre y $10.197,53 para no caer en la indigencia. Todo ello en un contexto general de precios y tarifas en alza, despidos, aumento de la pobreza e indigencia, mayor desocupación y sub ocupación, precarización laboral y pérdida del poder de compra sin precedentes desde la crisis de 2001-2002 para las y los trabajadores en actividad y jubilados, así como también para las familias beneficiarias de planes sociales.
Los acuerdos con el FMI del gobierno nacional imponen la profundización del ajuste sobre el pueblo y la subordinación general de la economía del país a sus dictados. El FMI exige - y el gobierno acata sumisamente - la reforma del sistema jubilatorio y la reforma laboral, junto con la modificación de las convenciones colectivas de trabajo. Avanza la concentración de la economía con el cierre y la quiebra de miles de empresas, en particular del sector de las pequeñas y medianas. En tanto el gobierno impulsa la especulación financiera en detrimento de la producción.